Carlos Cano, joven
granadino de 25 años, licenciado en Medicina y activista del 15 M, se ha entregado
hoy voluntariamente para entrar en prisión. Fue condenado junto a Carmen Bajo, animadora
sociocultural en paro de 56 años y madre de un hijo adolescente, por participar
en un piquete informativo del 15 M durante la huelga general del 29 de marzo de
2012 contra la reforma laboral.
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| Los dos activistas del 15 M, Carlos y Carmen |
Todo surgió a raíz de una denuncia que interpusieron los propietarios
del bar de copas granadino, ‘La Champagnería Jazz Café’, contra un piquete
informativo por supuestas amenazas verbales y deterioro del mobiliario. A
partir de la denuncia la policía identificó a Carlos y Carmen como dos
participantes en dicho piquete. Dos años después, Carlos ha entrado en prisión
de forma voluntaria para cumplir la sentencia de la Audiencia Provincial de
Granada que le condena a él y a Carmen a tres años y un día de cárcel, más una
multa de 3.655 € a cada uno. Carlos además se ha visto obligado a pagar una indemnización
de 767 € a los propietarios del local.
La condena, desproporcionada y con un claro carácter “ejemplarizante”
—como se encargó de recordar repetidamente la Fiscalía durante el juicio—, ha
indignado a gran parte de la sociedad y a diversos movimientos sociales que ven
en ella un intento de amedrentar a la gente
que lucha por los derechos de los ciudadanos. La propia Carmen afirmaba en una
entrevista que existe “una persecución hacia el activismo” fomentada por el
Gobierno que “tiene miedo del poder popular que se está levantando”.
Ambos están a la espera de que el Tribunal Constitucional acepte el recurso de amparo con el que reclaman medidas cautelares de suspensión a la ejecución de su condena.
Esta condena injusta, sin embargo, no es el único ejemplo de sentencia que pretende meter miedo a personas que luchan de forma organizada. Dos
mujeres han sido condenadas a la misma pena que Carlos y Carmen por participar
en un piquete en el año 2010 que acabó con un bote de pintura en el fondo de
una piscina. La única consecuencia de dicha acción fueron 1.000 € de
desperfectos, la condena: 3 años y un día de cárcel y una multa de 1.100 €.
La teoría de la persecución a activistas es una realidad que crece proporcionalmente a la impunidad de delincuentes influyentes, como conocidos banqueros y políticos corruptos que ven como sus penas son irrisorias en comparación con sus delitos y que, a diferencia del resto de ciudadanos, conocen de primera mano la palabra 'indulto'.
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